El Gobierno impulsa la conexión de los hogares a redes de fibra óptica que permiten el acceso a la banda ancha ultrarrápida

El reglamento sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) favorecerá la introducción en los edificios de nueva construcción de las redes de acceso ultrarrápido, capaces de proporcionar velocidades de más de 100 Mbits por segundo.
El nuevo reglamento incluye como infraestructura adicional en los edificios la fibra óptica y el cable coaxial, para facilitar que los usuarios puedan contratar los servicios de telefonía, banda ancha y televisión, y favorece la introducción de las funcionalidades del Hogar Digital en las viviendas.
Las mejoras en las funcionalidades de las ICT reactivarán la actividad económica y el empleo al impulsar las inversiones de los operadores en nuevas redes y servicios y ofrecer más oportunidades a las empresas fabricantes e instaladoras de equipamiento para las ICT.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nuevo Reglamento de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación (telefonía, banda ancha, radio y televisión) en el interior de las edificaciones. El objetivo de este reglamento es facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción, e impulsar de este modo su despliegue por parte de los operadores.

Las ICT suponen la construcción e instalación en los edficios de recintos destinados a albergar los equipamientos de telecomunicaciones, canalizaciones y demás elementos necesarios para los cableados interiores, cableado de las diferentes redes (par de cobre, cable coaxial y fibra óptica), antenas y cableado para la recepción del servicio de radio y televisión. Por su parte, los operadores despliegan sus redes hasta la entrada del edificio, y desde ahí llegan hasta los recintos destinados al equipamiento donde se produce la interconexión con las redes ICT.

Principales novedades

El reglamento aprobado hoy por real decreto actualiza el anterior (Real Decreto 401/2003) para incluir la fibra óptica y el cable coaxial (además del tradicional par de cobre) entre las redes de acceso a los edificios, en línea con los objetivos de la Agenda Digital Europea. Además, actualiza la normativa técnica sobre radio y televisión para adecuarla al escenario de la TDT. Este nuevo reglamento afecta a todo tipo de viviendas tanto libres como de protección oficial.

Además, el nuevo reglamento introduce los elementos necesarios para que las ICT puedan ser diseñadas de forma tal que resulte sencilla su evolución y adaptación a concepto de Hogar Digital y a la obtención de los beneficios que éste proporciona a sus usuarios: mayor seguridad, ahorro y eficiencia energética, accesibilidad, etc. La adaptación a los estándares de Hogar Digital es voluntaria por parte del promotor.

En este sentido, el reglamento incluye la forma de clasificar las viviendas, de acuerdo a las funcionalidades y dispositivos de Hogar Digital que puedan incorporar. De esta forma, se ofrece un marco de referencia, basado en parámetros totalmente objetivos, que permitirá a los promotores y a las administraciones públicas evaluar las edificaciones, mientras que los compradores finales de viviendas contarán con una información contrastable en esta materia.

Las infraestructuras comunes de telecomunicaciones nacen en el marco del proceso de liberalización del sector. Así, el Reglamento de ICT aprobado hoy facilita el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier operador de telecomunicaciones que preste servicio en la zona y asegura la competencia efectiva entre operadores al proporcionar igualdad de oportunidades para ofrecer sus servicios hasta los clientes.

Impacto económico

Para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios (televisión de Alta Definición, Internet ultrarrápido, videollamadas de Alta Definición, televisión en 3D, Teletrabajo, Teleasistencia, etc…), los operadores de telecomunicaciones están iniciando el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso rápido y ultrarrápido a Internet y fomentando el despliegue de las redes NGA (Next Generation Acces), capaces de proporcionar velocidades superiores a los 100 Mbits por segundo, muy por encima de las proporcionadas por las redes actuales.

El despliegue de estas infraestructuras resulta esencial para el desarrollo social y económico de España y y va a contribuir de forma destacada a la generación de actividad económica y de empleo. En este sentido, los operadores de redes fijas y de comunicaciones móviles están diseñando sus planes de futuro con importantes inversiones en las infraestructuras de acceso ultrarrápidas. En conjunto, estos operadores han anunciado inversiones que solo en este tipo de redes superan los 2.500 millones de euros anuales. Además, las nuevas infraestructuras impulsan a los operadores a ofrecer nuevos productos y servicios de comunicaciones a los ciudadanos, basados en el mayor ancho de banda.

Adicionalmente, la actualización de los edificios antiguos para dotarles de la nueva ICT, instalando fibra óptica hasta el hogar, incidirá de forma positiva en el empleo, ya que las empresas instaladoras deberían contratar nuevo personal especialista en tecnologías ópticas, mientras los operadores tendrán que incorporar personal para el despliegue de sus redes hasta los edificios. En total se estima que estas actividades generarán unos 20.000 nuevos empleos.

Agenda Digital EuropeaLa Comisión Europea, a través del plan “Una Agenda Digital para Europa”, impulsa el despliegue de las redes NGA y destaca la escasa penetración de la fibra óptica hasta el hogar en la Unión Europea en comparación con algunas naciones del G20.

Entre las medidas a tomar en el seno de la UE para paliar este déficit se identifica la de “poner al día el cableado dentro de los edificios”. España, con la normativa aprobada hoy, vuelve a ser pionera dentro de la UE en la aplicación de estos objetivos.

En la tramitación del Real Decreto Regulador de las ICT para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones han participado todos los agentes del sector involucrados y se ha informado a la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).
Vía