El resultado del primer asalto de la batalla judicial que la operadora Jazztel planteó a Telefónica por los retrasos en la provisión de líneas alquiladas para la prestación de servicios ADSL no ha resultado como esperaba el grupo presidido por Leopoldo Fernández Pujals.
El juzgado de primera instancia número 54 de Madrid ha reducido la indemnización de 337 millones de euros que solicitaba Jazztel a 0,69 millones, un 0,2% de la cantidad exigida.
Sin intención dolosa Entre las razones que alega para establecer el nivel de la cantidad a pagar, figura el hecho de que reconoce que hubo retrasos en la provisión de las líneas por parte de Telefónica, pero que éstos no pueden considerarse un incumplimiento generalizado, ya que Jazztel acabó logrando el acceso a las líneas solicitadas.
Otra razón fundamental es que establece que por parte de Telefónica no ha habido una intención dolosa, es decir, una intención o voluntad de causar daño. Además, considera que, por parte de Jazztel, también se produjeron “incumplimientos de algunas de sus obligaciones”, y reparte la responsabilidad en los retrasos al 50% entre las dos compañías, ya que reduce a la mitad la cantidad fijada como indemnización
La sentencia también señala que las penalizaciones previstas en la regulación deben tomarse “con carácter restrictivo, con el fin de evitar que se produzcan situaciones donde le compense más al firmante del contrato que se le imponga una multa a la contraparte, que facilitar el cumplimiento del contrato”.
Influencia en los expedientes Esta sentencia puede tener una influencia importante en los expedientes sancionadores que en estos momentos tramita la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el regulador del sector, a instancias de denuncias de Jazztel. Sobre todo en lo que respecta a la consideración de no intencionalidad de causar daño por parte de Telefónica y la cuantía de la indemnización, muy inferior a las penalizaciones establecidas por el regulador.
Según Jazztel, la CMT ha impuesto penalizaciones a Telefónica por importe de 15 millones de euros. La operadora demandante señala en un comunicado que la sentencia “proporciona un instrumento para garantizar que el operador dominante cumplirá con los compromisos contraídos con Jazztel”.
La operadora cree que se ha rebajado la cifra debido a las dificultades probatorias y añade que el objetivo de la demanda era permitir a Jazztel una garantía de que Telefónica comenzará a cumplir con sus obligaciones, lo que permitirá a la operadora provisionar servicios de ADSL y desarrollar libremente su plan de negocio.
Articulo publicado en: http://www.expansion.com
