La CMT podría hacer desaparecer el límite de 30 megas para la oferta de fibra indirecta

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha confirmado que en la regulación que está siendo preparada para el próximo año 2013, podría desaparecer el límite de 30 Mb para las ofertas de banda ancha indirecta, por lo que los operadores alternativos podrían acceder  a las mismas conexiones de fibra que puede hacerlo Movistar.

Este organismo se encuentra preparando la nueva regulación, con la que espera cumplir con la Agenda Digital para Europa, la cual espera que en 2020, todos los ciudadanos de la Unión Europa puedan acceder a una conexión mínima de 30 Mbps y que la mitad de ellos puedan acceder a internet a velocidades de 10 Mbps.

La CMT busca incentivar de esta manera la inversión de nuevas redes de fibra óptica y de redes móviles 4G, lo cual favorecerá a la competencia entre las diferentes operadoras, y por tanto, al usuario final.

Las operadoras alternativas quieren ofrecer las mismas conexiones que ofrece Movistar, ya que no se conforman con lo actual, que tan solo les permite ofrecer hasta 30 Mbps mediante el acceso indirecto. Actualmente, la multinacional española ofrece una única modalidad de 100 Mbps.

De hecho, el presidente de Vodafone en España ha asegurado que este límite les «impide competir» con Movistar. Obviamente, esta última espera que esta nueva regulación no se lleve a cabo de ese modo, ya que su objetivo es que los demás operadores inviertan en sus propias redes de fibra óptica, realicen inversiones conjuntas a Movistar o lleguen a acuerdos para utilizar sus redes.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones considera que los precios mayoristas de acceso son una «herramienta esencial para salvaguardar competencia en beneficio de los consumidores promoviendo, cuando sea posible, la competencia basada en las infraestructuras» y que son útiles para «fomentar la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras».